Víctor Delgadillo, Doctor en Urbanismo: “Los que gobiernan son cortoplacistas y centralistas”

Durante el último trimestre de 2015, nos visitó el arquitecto y académico mexicano Víctor Delgadillo^[2], quien, en su calidad de Invitado Internacional, participó en una serie de encuentros con estudiantes y Profesores(as) de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, entre los que cabe destacar la Clase Magistraltitulada «El centro disputado: gentrificación, tugurios y otras formas habitacionales”. En medio de tales actividades, uno de nuestros estudiantes lo entrevistó a propósito del rol del Estado en la política habitacional de Chiley México. Esto fue lo que nos dijo.

Además de la ausencia de una política de suelo efectiva, el principal problema en la política habitacional de nuestro país es que el Estado chileno no ha sabido regular el negocio inmobiliario privado. ¿Cómo se puede lograr aquello desde el sector público?

Es un gran desafío. Si los privados pueden invertir como y donde quieran, esto quiere decir que el Estado ha renunciado a su atribución de ordenar el territorio: el desarrollo urbano en beneficio público y de los colectivos.

Esto es clarísimo en México. Allá renunciaron a esta atribución. Todavía la Constitución le otorga al Estado el papel de dónde invertir y cómo hacerlo; las leyes de vivienda aún hablan de que la vivienda es un derecho y que el Estado debería regular. Lo que acontece es que el Estado no sólo ha renunciado a su papel rector en la planificación y la política habitacional, sino que, lejos de eso, ha ido desregulando un conjunto de normas que existían para urbanizar prácticamente todo el territorio en México. Por otro lado, los institutos públicos de vivienda se transformaron.

En el pasado, por supuesto que los inversionistas privados participaban de la producción de vivienda social, pero estaban regulados por el Estado. Ahora están desregulados y, además de esto, el financiamiento y los fondos sociales se le otorgan al sector privado para que ellos produzcan vivienda. Ha disminuido la calidad de ésta. Ahora, lo que generan los privados son viviendas miserables bajo el discurso de la rentabilidad, de reducción de costos. Sí los reducen, pero a qué costo: a ganancia de los privados. Acá la única vía es recuperar el papel rector del Estado, el poner límites. Por su puesto, vivimos en una economía capitalista. Hoy nadie habla de socialismo ni de comunismo. Creo que ahora los grupos más progresistas hablan de un retorno al estado benefactor, que retome atribuciones antiguas, que regule.

Chile es un país centralista y cortoplacista. Los gobiernos locales no tienen capacidad ni recursos técnicos y humanos para desarrollar proyectos de mediana escala con vocación pública, por lo que, cuando un privado se acerca a una Municipalidad y negocia la realización de grandes proyectos que se verán traducidos en beneficios económicos para la administración municipal (contribuciones a través de la vivienda o bien patentes comerciales), el gobierno comunal se ve en la “obligación” de aceptar este tipo de proyectos que destruyen la ciudad, porque en el corto plazo entraría más dinero, lo que se traduciría en proyectos y en rentabilidad política. ¿Cómo se puede avanzar hacia una visión de largo plazo, en cuanto la planificación de la ciudad debe trascender a los distintos gobiernos y presupuestos?

Sí, es un desafío. Estoy seguro de que los que gobiernan son cortoplacistas. En México, a menudo tenemos estos ejercicios de desarrollo y planificación urbana que hablan de umbrales, de tiempos amplios. Por ejemplo, ahora se planifica el México 2030–2040. Son discursos, ejercicios bien intencionados donde participan académicos y que buscan construir una visión, generar una mejor ciudad, un mejor país. Infelizmente, en México ha permeado el discurso de la planificación estratégica, que es un instrumento que viene da la guerra, de la competencia, de eliminar al otro. Lo que tenemos en México, entonces, es una visión cortoplacista basada en la planificación estratégica.

Por otro lado, también tenemos un país centralista. Nuestro presidente, los funcionarios federales y gobernadores duran seis años, ¡pero los alcaldes tres, que es un período bastante ingrato! En el primer año intentan conocer algo, el segundo funcionan y el tercero cortan listones. Después tenemos que observar las atribuciones y los presupuestos al hipercentralismo y presidencialismo.

Además, en México tenemos una distribución del presupuesto nacional infame. Yo leo a Jordi Borja y él comenta que el presupuesto nacional en España y Europa en general, en los tres niveles de Estado, se distribuye en un 50% el gobierno central, 25% las autonomías y 25% el gobierno local. En México es infame, el gobierno central se queda con el 80%, 17% los Estados y los Municipios un 3%. O sea, prácticamente no tienen recursos. En los 90, bajo el discurso de la democratización y descentralización, se les otorgaron algunas atribuciones a los Municipios, para ellos decidir qué hacer en materia de desarrollo urbano y ordenamiento, y también tienen atribuciones para emitir licencias de construcción. Éste es uno de los pocos ingresos directos que tienen los Municipios. Entonces, las constructoras, cuando adquieren suelo, grandes extensiones, negocian con los presidentes municipales que duran tres años, sin visión de la ciudad completa, y esto nos ha llevado a la crisis institucional.

En nuestras ciudades metropolitanas no tenemos instrumentos que condicionen y que obliguen a la coordinación. A fin de cuentas, la ciudad es la misma, pero acá cada Municipio o comuna reclama su democracia local, la potestad sobre su territorio. Entonces, en este escenario de fragmentación jurídica y política es muy complicado.

En Chile se decidió crear un sistema en base a subsidios, cuyo fin consiste en corregir una falla del modelo capitalista que no atiende al sector más vulnerable debido a su nula capacidad de pago y ahorro. Esto ha tenido como consecuencia el deterioro del tejido social a través de la atomización del sector atendido y la consecuente expulsión desde sectores bien ubicados hacia la periferia de la ciudad, perjudicándolos aún más. ¿Qué podemos hacer hoy en las ciudades intermedias, de gran cantidad de población y donde aún podemos revertir la situación?

Hace un momento, comentaba que en México la distribución de los recursos públicos son tremendamente injustos. Entonces, los Estados y Municipios casi no tienen recursos para impulsar políticas sociales o proyectos habitacionales. Esto no se descentraliza. Se han descentralizado problemas, atribuciones, pero lo que no se descentraliza es el dinero. Ahí están los votos. En las provincias de México no encuentro políticas positivas que vayancontra la corriente, pero sí en la Zona Metropolitana de Ciudad de México, con 20 millones de habitantes, que está dividida en la Ciudad de México con 8,8 millones, y los 11 restantes en 59 municipios, la mayor parte conurbados.

En Ciudad de México, lo que se ha hecho es copiar experiencias positivas de Brasil y Colombia, como los programas de mejoramiento y recuperación de vivienda; entregar micro créditos con subsidios para que la población que autoprodujo su vivienda la mejore o construya una segunda, contando con la asesoría de arquitectos. También hemos recogido la experiencia de mejoramiento barrial. En México el problema no es tanto construir vivienda, sino que estamos hoy enfocados en mejorar los barrios, copiando incluso experiencias de Chile, Río de Janeiro y Colombia. Sobre las áreas centrales, ahora hay toda una política que intenta redireccionar las inversiones privadas, que ya inundó la periferia a las áreas centrales a través de subsidios. Esto también lo rescatamos de Chile hace algunos años.

Acá también debo comentar que, desde los 70, en México existen fondos sociales para vivienda. El 5% de nuestro ingreso desde 1972 va para INFONAVIT, que está dirigido a trabajadores tanto públicos como privados, del sector del gobierno, obrero y empresarial. Sin embargo, estos fondos son entregados a los privados vía subsidios, para que ellos construyan. Así hicieron muchas viviendas en la periferia. Lo mismo sucede con los fondos de pensiones, que terminan privatizándose. Ahora también se ha intentado crear una política de vivienda de alquiler, donde el Estado debe participar porque para el privado es mucho riesgo. Esas cosas que se están impulsando sí creo que son positivas.

[1]Arquitecto y estudiante tesista del Magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios (DAPI) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.

[2]Doctor en Urbanismo (UNAM), Maestro en planificación urbana (Universidad de Stuttgart, Alemania) y Arquitecto (Universidad Autónoma de Puebla). Investigador nacional CONACYT. Asesor de la UNESCO en materia de patrimonio urbano y del Centro Hábitat de la ONU para el Dubai International Award Best Practices for Better Living 2008.